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El Constitucional restringe la protección laboral de las mujeres embarazadas

El tribunal entiende que la trabajadora no está ‘blindada’ en el periodo de prueba de un contrato.

El Tribunal Constitucional, por medio de su sentencia de 10 de octubre de 2013 dictada en el recurso de amparo nº 3773/2011, desestima el recurso de amparo interpuesto por una trabajadora cuyo empresario extinguió su contrato de trabajo durante el periodo de prueba estando embarazada de diez semanas, al considerar el Tribunal que el mecanismo de garantía reforzada de las trabajadoras embarazadas en caso de despido no puede extenderse al supuesto de desistimiento empresarial durante el periodo de prueba.

El Tribunal Constitucional interpreta extendiendo derechos o restringiéndolos. En el caso de las trabajadoras embarazadas ha decidido recortarlos. En una polémica sentencia, que ha contado con cinco votos discrepantes, ha dictaminado que el artículo del Estatuto de los Trabajadores que impide despedir a una mujer desde el inicio del embarazo hasta que da a luz no se puede aplicar a los periodos de prueba. Ese artículo fue la manera de blindar a las gestantes, ante la evidente dificultad de poder probar el embarazo como causa de despido.

La restricción dictada por el Constitucional se basa en que no es lo mismo un “despido” que “el desistimiento empresarial durante el periodo de prueba”.

El pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado dar amparo a una trabajadora que fue despedida, estando embarazada, cuando se encontraba en periodo de prueba. El despido, o “desistimiento empresarial” como lo considera el tribunal, se produjo en 2009 cuando comenzó a trabajar como comercial con un contrato de seis meses de duración, prorrogables automáticamente por periodos iguales y tras pactar un plazo de prueba de dos meses. En el momento de la firma del contrato, el 24 de junio, la trabajadora estaba embarazada, aunque no consta que la empresa tuviera conocimiento de su estado. El 4 de agosto, la empresa le comunicó que acababa su trabajo por “no superar el periodo de prueba”. La gestante recurrió el despido y alegó que este se produjo cuando la empresa se enteró de su embarazo.

“No cabe extender la protección dispensada para el despido a la resolución contractual en periodo de prueba”, sentencia el Constitucional que sostiene que el embarazo, aunque no sea conocido por la empresa, es causa objetiva de nulidad solo en caso de que se dé la figura jurídica del “despido” y no en el caso de “extinción de contrato en periodo de prueba”.

El hecho es que, según la legislación española, todos los contratos pueden incluir periodos de prueba: es un derecho optativo para el contratante. El límite son seis meses, excepto para un tipo de contrato para emprendedores y empresas de menos de 50 —que aprobó el Gobierno de Rajoy con la reforma laboral—, que dobla ese plazo. Bajo esa fórmula se han establecido 131.677 relaciones laborales: 51.664 de ellas, de mujeres.

 

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